Me veo en la necesidad de transcribir algunas consideraciones publicadas en el artículo anterior de esta misma columna por ser oportuno y apropiado respecto a los últimos acontecimientos que en materia de violencia han ocurrido en el país. Sería imperdonable de mi parte no referirme al abominable asesinato del colega parlamentario Robert Serra, que demuestra cómo los niveles de inseguridad no hacen distinciones políticas, partidistas ni de colores; sencillamente ataca y siega la vida con un altísimo contenido de rabia, de ensañamiento y de sangre sin ninguna justificación. Porque nada, absolutamente nada puede justificar la pérdida de la vida humana. Somos solidarios con el dolor ajeno, de su familia, de sus amigos, de su militancia, como lo somos con todas las familias que día a día viven la tragedia de perder a un ser querido en manos del hampa y la delincuencia y que desgraciadamente cada vez son más en Venezuela. Lo hacemos con sinceridad, a pesar de la negativa y el rechazo que la soberbia, la prepotencia de la alta dirigencia oficialista expresó en contra nuestra sin permitirnos siquiera materializar personalmente nuestras condolencias, miseria humana diría yo.
Por el contrario, en lugar de aprovechar estos momentos de dolor que compartimos y respetamos para convocarnos, para esforzarnos para intentar trabajar definitivamente juntos en contra de este miserable flagelo cada vez más incrustado en nuestra sociedad, sintiéndose poderoso y hasta protegido en la mayoría de las oportunidades por la impunidad reinante consecuencia de la putrefacción que lamentablemente tiene todo nuestro sistema de justicia; escuchamos una fuerte avanzada de acusaciones, de amenazas y de conclusiones anticipadas sin ninguna justificación que desde ya dejan muy mal parada la transparencia del proceso de investigación y con ello la verdad de los hechos. En los quince años de revolución, los venezolanos hemos ido recibiendo de parte del Gobierno primero de Chávez y ahora de Maduro sucesivas imposiciones sobre leyes y conductas que nos estimulan esa suerte de terror psicológico donde todo el mundo es sospechoso y la supuesta seguridad es más importante que los derechos, acompañados de la permanente opacidad en la información que hace que en casos como el virus de chikungunya hoy los médicos no se atreven a colocar que ése es el diagnóstico porque serán ellos con la oposición los responsables de los "supuestos casos" y de alarmar a la oposición por pedir y denunciar lo que está ocurriendo y el Gobierno no quiere admitir. Entonces pienso en la otra herramienta, la hegemonía comunicacional, en la necesidad del silencio cómplice, en la ausencia de críticas, en la censura obligada que se aplica actualmente y ciertamente una especie de escalofrío me recorre y confirma lo que no podemos callar, la revolución necesita silencio y lo que es peor, no necesita críticos y no los permitirá, por eso arremete, amenaza, ordena medidas y abre procedimientos a diestra y siniestra contra todo lo que le resulte incómodo así tenga que disfrazar la verdad.
El Gobierno Bolivariano no es distinto, igual que en la cuarta tampoco es muy tolerante con la crítica; y como toda visión militarista de la política que se precie, a la Revolución roja le molesta y le incomoda la opinión disidente, pero a diferencia de la cuarta y afirmado por su máximo líder esta revolución era "pacífica, pero estaba armada". Allí cambiaron las cosas, y uno se pregunta: ¿se trataba de la violencia sugerida o de la idea bastante clara de que la Revolución continuaría incluso cuando la historia cotidiana tratara de detenerla?
Mucha de esa nueva generación de oficialistas convencidos de los planes conspirativos del llamado "enemigo interior" y sus jóvenes que han crecido bajo la idea de que la "conspiración empieza por casa" así lo creen, porque así se lo han hecho ver, no nos olvidemos de que para el socialismo -o al menos cierta corriente dentro del pensamiento ideológico- es muy necesario el control de la información, se habla de unificar opiniones, de hacer que los medios de comunicación estén al servicio del bien común, que el mensaje que se exprese esté por encima de los intereses privados y personalistas. Pero más allá de lo idealista, la cosa es que el Gobierno necesita la figura de la censura, y ahora es la vida ciudadana regida por decretos presidenciales, por medidas que intentan imponer a juro ideologías y costumbres extrañas al venezolano, que sólo pueden ser implantadas con un falso populismo de comprometerse a resolver de manera definitiva el problema y que garantizará el bien común, pero detrás se esconden una amenaza y el temor; la verdad es que no se trata de un problema de seguridad nacional, de lo que se trata es cómo sostener un sistema que no es aceptado por medio país y no es entendido ni siquiera por la mayoría chavista. ¿Nos acostumbraremos los venezolanos a callar? ¿Nos haremos parte de este estado general de sospecha? ¿A qué precio?
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