AN inicia investigación sobre caso PDVAL

Por La Verdad / Maracaibo / noticias@laverdad.com

A petición de la diputada de Proyecto Venezuela, Deyalitza Aray, el Parlamento investigará en torno a la denuncia del hallazgo de más de 130 mil toneladas de alimentos en descomposición

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciará una investigación, a petición de la diputada de Proyecto Venezuela en el Parlamento por el estado Carabobo, Deyalitza Aray, sobre la denuncia presentada ante ese despacho, que gira en torno al hallazgo de más de 130 mil toneladas de alimentos en descomposición. La situación ocasionó una pérdida de dos mil 200 millones de dólares para el país.

Durante la plenaria de la Comisión, Aray presentó el documento consignado por las legisladoras de Carabobo, Neidy Rosal y Aura Montero, hace un año, así como las gráficas que soportan la denuncia. En este sentido, el diputado Pedro Carreño, quien preside la Comisión de Contraloría, pidió darle celeridad al caso y solicitó la presentación de un cronograma de trabajo para los próximos días. Así lo publicó lapatilla.com.

Aray insistió en la importancia de investigar el manejo de los fondos públicos destinados a la compra de alimentos con fecha próxima a caducar, así como también exigió a la AN nombrar una comisión, para realizar una inspección en todos los puertos del país y así corroborar el estado en que se encuentran las operaciones, supervisar la cadena de frío, responsable de garantizar el buen estado de la mercancía.

Comisión de Contraloría de la AN iniciará investigación sobre caso PDVAL

04:28 pm 19-May de 2012|YP/Nota de Prensa

Con motivo de cumplirse un año de haber introducido la denuncia, la diputada de Proyecto Venezuela, Deyalitza Aray, propuso abrir un debate en la sesión del martes. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por la bancada oficialista

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciará una investigación, a petición de la diputada de Proyecto Venezuela (Carabobo) Deyalitza Aray, ppor e hallazgo de más de 130.000 toneladas de alimentos en descomposición, lo que ocasionó pérdida de 2.200 millones de dólares para el país.

Durante la plenaria de la Comisión, Aray presentó el documento consignado por las legisladoras de Carabobo, Neidy Rosal y Aura Montero, hace un año, así como las gráficas que soportan la denuncia. En este sentido, el diputado Pedro Carreño, quien preside la Comisión de Contraloría, pidió darle celeridad al caso y solicitó la presentación de un cronograma de trabajo para los próximos días.

Aray insistió en la importancia de investigar el manejo de los fondos públicos destinados a la compra de alimentos con fecha próxima a caducar, así como también exigió a la AN nombrar una comisión para realizar una inspección en todos los puertos del país para corroborar el estado en que se encuentran las operaciones.

“Exigimos que se investigue; como parlamentarios y como venezolanos, no podemos dejar engavetado este caso que afectó a miles de venezolanos y las arcas de la nación (…) Aquí se perdieron más de dos mil millones de dólares en la compra de esos alimentos y los responsables están en las calles (…) no hubo responsabilidad política ni administrativa y el juicio se suspendió”, fustigó la parlamentaria del partido del sol.

Con motivo de cumplirse un año de haber introducido la denuncia, Aray propuso abrir un debate en plenaria en la sesión de este martes; sin embargo, la solicitud fue rechazada por la bancada oficialista.

“Los venezolanos merecemos una explicación y que se castigue a los responsables (…) a cuántas familias hubiera podido beneficiar esa cantidad de comida si no se hubiese podrido; cuántos teteros se prepararían con la leche que se perdió”, preguntó, al tiempo que señaló que también habría que esclarecer por qué esa leche fue enterrada en instalaciones militares como los terrenos donde está ubicada la División de Almacenamiento para el Control de Químicos y Explosivos Región Central (Diacoquerce– antiguo Cedimague) de Carabobo.

Resaltó que, según un informe que llegó a Miraflores en 2010, había 12 gerentes de Pdvsa involucrados de los cuales tres fueron detenidos y, posteriormente, dejados en libertad.

“El ex presidente de Pdval, Luis Pulido, y los directores de operaciones, Ronald Flores y Vilyeska Betancourt, sólo pasaron 18 meses detenidos en la sede del Sebin en Naguanagua (edo. Carabobo), luego se les concedió el beneficio de ser juzgados en libertad. Sin embargo, el juicio fue suspendido luego de 28 diferimientos, en los que tuvo que ver, por cierto, el ilustre magistrado de esta revolución y hoy prófugo de la justicia, Eladio Aponte Aponte”, dijo la diputada.

Aray acotó que es público y notorio que Pulido se encuentra activo en la campaña política del candidato del Psuv a la gobernación del estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa. “Resulta que los tres involucrados regresaron a trabajar a la administración pública y al partido de Gobierno”, criticó la parlamentaria.

AN investigará caso PDVAL

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciará una investigación, a petición de la diputada de Proyecto Venezuela en el Parlamento por el estado Carabobo, Deyalitza Aray, sobre la denuncia presentada ante ese despacho, que gira en torno al hallazgo de más de 130 mil toneladas de alimentos en descomposición, lo que ocasionó pérdida de 2.200 millones de dólares para el país.

Durante la plenaria de la Comisión, Aray presentó el documento consignado por las legisladoras de Carabobo, Neidy Rosal y Aura Montero, hace un año, así como las gráficas que soportan la denuncia. En este sentido, el diputado Pedro Carreño, quien preside la Comisión de Contraloría, pidió darle celeridad al caso y solicitó la presentación de un cronograma de trabajo para los próximos días.

Aray insistió en la importancia de investigar el manejo de los fondos públicos destinados a la compra de alimentos con fecha próxima a caducar, así como también exigió a la AN nombrar una comisión, para realizar una inspección en todos los puertos del país y así corroborar el estado en que se encuentran las operaciones, supervisar la cadena de frío, responsable de garantizar el buen estado de la mercancía.

“Exigimos que se investigue; como parlamentarios y como venezolanos, no podemos dejar engavetado este caso que afectó a miles de venezolanos y las arcas de la nación (…) Aquí se perdieron más de dos mil millones de dólares en la compra de esos alimentos y los responsables están en las calles (…) no hubo responsabilidad política ni administrativa y el juicio se suspendió”, fustigó la parlamentaria del partido del sol.

Con motivo de cumplirse un año de haber introducido la denuncia, Aray propuso abrir un debate en plenaria, para discutir el caso, en la sesión de este martes; sin embargo, la solicitud fue rechazada por la bancada oficialista.

“Los venezolanos merecemos una explicación y que se castigue a los responsables (…) a cuántas familias hubiera podido beneficiar esa cantidad de comida si no se hubiese podrido; cuántos teteros se prepararían con la leche que se perdió”, preguntó, al tiempo que señaló que también habría que esclarecer por qué esa leche fue enterrada en instalaciones militares como los terrenos donde está ubicada la División de Almacenamiento para el Control de Químicos y Explosivos Región Central (Diacoquerce– antiguo Cedimague), parroquia Juan José Flores del municipio Puerto Cabello, edo. Carabobo.

Resaltó que, según un informe que llegó a Miraflores en 2010, filtrado a los medios de comunicación, había 12 gerentes de Pdvsa involucrados, de los cuales tres fueron detenidos y, posteriormente, dejados en libertad. “El ex presidente de Pdval, Luis Pulido, y los directores de operaciones, Ronald Flores y Vilyeska Betancourt, sólo pasaron 18 meses detenidos en la sede del Sebin en Naguanagua (edo. Carabobo), luego se les concedió el beneficio de ser juzgados en libertad, sin embargo, el juicio fue suspendido, luego de 28 diferimientos, en lo que tuvo que ver, por cierto, el ilustre magistrado de esta revolución y hoy prófugo de la justicia, Eladio Aponte Aponte”, dijo la diputada.

Aray acotó que, es público y notorio que Pulido se encuentra activo en la campaña política del candidato del Psuv a la gobernación del estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa. “Resulta que los tres involucrados regresaron a trabajar a la administración pública y al partido de Gobierno” criticó la parlamentaria.

Como miembro de la Comisión de Contraloría subrayó que se debe investigar a las empresas involucradas, en su mayoría del Estado, como Bariven, filial de Pdvsa y el Centro Nacional de Balance Alimentario (Cenbal) organismo adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de Venezuela; su directiva está integrada por representantes del los ministerios de Agricultura, Alimentación y Comercio. “Cenbal adquirió una cantidad de alimentos, nueve veces superior a la capacidad de distribución de Pdval (…) es una operación ilógica, esta gente sabía que esos alimentos se iban a dañar, más aun si la fecha a vencer estaba próxima, lo que abarataba su costo (…) todo esto representa un delito muy grave, el cual debe ser investigado y castigado” puntualizó.

Añadió que también debería investigarse la participación del Seniat, ente encargado de la nacionalización de la mercancía. “Para nadie es un secreto que en nuestros puertos se ha retrasado considerablemente el proceso de nacionalización de la mercancía (…) es algo que ha sido ampliamente denunciado por nosotros (legisladores de Proyecto Venezuela) y tampoco ha sido investigado por las autoridades, aun cuando también tenían información de lo que venía ocurriendo”, indicó.

Aray dijo que Pulido afirmó haber alertado al entonces vicepresidente de la República, Ramón Carrizales, sobre las fallas que se estaban presentando en los puertos, para descargar los alimentos. “Si el vicepresidente Carrizalez estaba en conocimiento, por qué no hizo nada (…) por qué las autoridades se lavan las manos con este caso”, cuestionó.

Recordó que, en una oportunidad, el fallecido Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, desestimó el caso y afirmó que no era importante. Por su parte, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, se lavó las manos diciendo que no era su competencia, sino de la Fiscalía General y la Contraloría.

Antecedentes

Cabe destacar que, la primera denuncia de este caso la realizó el gobernador de Carabobo, Henrique Fernando Salas Römer, el 2 de abril de 2009. Posteriormente, ante los numerosos hallazgos de contenedores con alimentos descompuestos, el 8 de junio de 2010, la Asamblea Nacional nombró una comisión especial para investigar, sin embargo, nunca presentó resultados.

En ese mismo año, luego del terremoto de Haití, República Dominicana, país que funcionaba como centro de acopio de la ayuda humanitaria a los afectados por la tragedia, devolvió a Venezuela un buque con 60 contenedores de comida no apta para el consumo humano, donada por el Gobierno de Hugo Chávez.