Mi columna: Ivan.....

Deyalitza Aray

Si la muerte de nuestra queridísima y siempre recordada Mónica Spear le puso un rostro nacional y mundial a ese terrible flagelo de la inseguridad que azota nuestro país, llenando de dolor a miles y miles de familias venezolanas, y sirvió para encender la alarma de la indignación en cada venezolano cansado de tanta muerte y tanta impunidad, el solo nombre de Iván Simonovis nos conduce a la otra tragedia, la injusticia, y la cada vez más degradante violación de los derechos humanos, el debido proceso y el estado de derecho signados por la politización que hoy caracteriza al sistema jurídico venezolano.

Recordemos quién es Iván Simonovis y por qué se encuentra preso: fue Secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, especialista en Seguridad Corporativa; ingresó en 1980 al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, de donde se graduó como Investigador Criminal y egresó por renuncia en 2002, llegando a la jerarquía de Comisario-Jefe. En el año 2000, por instrucciones del entonces Ministro Luis Alfonso Dávila, fue enviado en Comisión de Servicios a la Alcaldía Mayor, ejerció el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana entre 2000 y 2002, cuando renuncia. En la actualidad se encuentra cumpliendo condena a raíz de los sucesos de Puente Llaguno, ocurridos en el centro de Caracas durante el 11 de abril de 2002, donde perdieron la vida 19 ciudadanos venezolanos, resultando detenidos ocho funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, los Comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas, Lázaro Forero y el entonces Secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas Iván Simonovis. Constituye un preso político del propio ex Presidente Hugo Chávez, privado arbitrariamente de su libertad desde el 22 de noviembre de 2004 y recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en condiciones infrahumanas hace ya 9 años y 6 meses, en una celda de 4 metros cuadrados del sótano, sin ventilación ni luz natural, a la cual solo tienen acceso 6 horas al mes. Esas instalaciones no son una cárcel y no están diseñadas para albergar durante tanto tiempo a una persona, razones de sobra para que se haya producido el franco deterioro de su salud, además de una severa restricción a su derecho de recibir visitas de familiares y amigos, violando así artículos de la Convención Interamericana de DD.HH. de San José de Costa Rica.

Su juicio oral y público fue radicado en la ciudad de Maracay, prolongándose por espacio de tres años y durante el cual se celebraron 231 audiencias, se verificaron 265 experticias, 72 pruebas documentales, se promovieron 196 testigos y 45 expertos, se exhibieron más de 5.700 fotos y vídeos para un total de 173 piezas del expediente, convirtiéndose así en el juicio oral y público más largo de la historia judicial venezolana, y posiblemente del mundo entero.

Todos los planteamientos jurídicos, defensas, excepciones y argumentos esgrimidos por los defensores a lo largo del proceso judicial y durante el desarrollo del juicio oral y público, han sido negados sistemáticamente por todos los tribunales de control y de juicio, Corte de Apelaciones y Tribunal Supremo de Justicia, mientras todas las peticiones y solicitudes que el Ministerio Público formuló, de cualquier índole y naturaleza, fueron mayoritariamente declaradas con lugar, admisibles o procedentes, lo que se traduce en un claro desequilibrio procesal y una evidente falta de imparcialidad; al punto de que en septiembre de 2012 se dio a conocer una declaración firmada y notariada en Costa Rica del ex magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Dr. Ramón Eladio Aponte Aponte, en la que se refiere a un recurso de casación introducido ante la Sala Penal del TSJ. En ella, Aponte señala que: "la orden que expresamente me dio el Presidente Chávez era 'salir de eso de inmediato sin más tardanza. Condénelos de una vez', así lo hice", confesión que ha sido desestimada por la justicia venezolana.

La condición médica de Simonovis ha sido evaluada reiteradamente en la búsqueda de la aplicación de una legítima medida humanitaria como la que le fue aplicada al ex Alcalde socialista y pesuvista de Valencia Edgardo Parra, medida que nunca llega a pesar de quedar médicamente comprobado su estado de severa enfermedad. La justicia ha negado en tres ocasiones esas medidas humanitarias a favor de Simonovis, lo que originó su decisión de declararse en huelga de hambre y que ayer decidió suspender.

Iván Simonovis, María Lourdes Afiuni, Leopoldo López, Scarano, Ceballos y otros venezolanos perseguidos por el régimen que actualmente gobierna en Venezuela, constituyen otras válidas, son razones para mantenernos exigiendo el cambio del modelo, del sistema que no solo nos intenta someter, sino que pretende que el destino de nuestras luchas sea llorarlas en nuestras tumbas como lo hacen hoy los familiares de Franklin Brito, de Génesis, de Geraldine y de otros tantos venezolanos que esperan justicia y eso, estimados lectores, no lo podemos permitir.

Mi columna: ¡Lo que nos faltaba!

Deyalitza Aray

El nivel de irresponsabilidad, desfachatez pero sobre todo de incompetencia que ponen de manifiesto cada vez que abren la boca los altos funcionarios del Gobierno Nacional de Venezuela, en cualquier otro país del mundo, serio, que respeta sus instituciones y que tenga como premisa la eficiencia ameritaría un castigo severo que pasaría desde la destitución y hasta el enjuiciamiento por sus malas actuaciones; aquí triste y desafortunadamente no, por el contrario, mientras más ineficientes, incapaces pero radicales y "revolucionarios" son, más los premian y los reconocen, mandando al mismísimo sipote eso que llamamos meritocracia, experiencia, conocimiento, especialización, etc.

El ejemplo más palpable de lo que aquí intento compartir es precisamente lo que está ocurriendo desde hace bastante tiempo con nuestro Sistema Eléctrico Nacional: los venezolanos fuimos los primeros en desarrollar un sistema hidroeléctrico, ubicado en el río Caroní, y de emprender con esmero un proceso de transmisión eléctrica mediante líneas de alto poder para cubrir la demanda en el país, históricamente fuimos los líderes en cuanto al consumo de energía per-cápita, pero ahora es un pecado mortal continuar disfrutando de este servicio como lo hacíamos antes.

Desde 1998, y hasta la fecha, varios expertos ya alertaban sobre la crítica situación por la que transitaba nuestro sistema eléctrico; para el año 2006 se denunciaba que el crecimiento de la demanda, aunado al congelamiento de tarifas y la falta de inversión en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, pintaban un futuro nada alentador para los venezolanos. Pero poco importo la alerta, al contrario, comenzó un proceso de desplazamiento de hombres y mujeres con un alto nivel de conocimiento dedicados por completo a esta industria, convirtiéndose esto en uno de los más acentuados inconvenientes que golpearon la estructura eléctrica nacional y la llevaron hasta las actuales deficiencias; esos trabajadores calificados fueron desplazados por otros que no poseen experiencia, lo cual trajo las conocidas consecuencias en el sector en detrimento de los habitantes de este país. Antes se gerenciaba en función de una planificación eléctrica permanente y bien estudiada, con mucha antelación para evitar el colapso del sistema y para llevar a cabo a tiempo las inversiones a objeto de disminuir costos como parte de la dinamización de la empresa, pero esta labor se dejó de hacer hace catorce años porque la gente que ha estado al frente no conoce con precisión las funciones y más importante es la fidelidad política por encima de la excelencia en el servicio. Por otra parte, no debemos olvidar que no se ha construido una sola línea de transmisión desde la estación hidroeléctrica de El Guri en los últimos 10 años, y las que existen se encuentran sobrecargadas, lo que conlleva indefectiblemente a permanentes apagones como los ocurridos en todo el país en tiempos recientes.

En el período 2009-2013, la crisis energética de Venezuela se agudiza, teniendo como causa inmediata una prolongada sequía como consecuencia del fenómeno climático El Niño, que ocasionó que el agua en el embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar alcanzara niveles muy bajos. Pero luego vendrían la iguana, el rabipelao, y hasta el plan desestabilizador de la oposición entre otras "causas", excusas que no tienen asidero técnico ni económico. Desde 1998, el Gobierno Nacional ha presupuestado 50 mil millones de dólares destinados a la electricidad, pero se han perdido, porque a pesar de esta enorme cantidad de dinero siguen los apagones en Venezuela y los proyectos Tocoma, ubicado en el río Caroní, y Planta Centro, que serían la solución del problema, son la muestra de la más inexcusable ineficiencia con catorce años de paralización y a paso de morrocoy en su ejecución.

Como no ha sido suficiente la tragedia que han significado las políticas que en el área eléctrica ha desarrollado esta revolución para nuestra población, luego de su designación como máxima autoridad del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón presentó su plan de 100 días para solventar la crisis energética; y prometió que "si en 100 días no hemos logrado nada, pongo mi renuncia", pues bien, lo que nos faltaba, no solo que el Ministro no ha renunciado, es que en su reciente visita a Juan José Mora en inspección a Planta Centro lo único que anunció fue: "Vivimos rezando para que la unidad III no se apague; yo que soy ateo hasta cristiano me he vuelto de tanto rezar", es decir, ¡ahora será DIOS el responsable de que contemos o no con electricidad!

Es por ello que no podemos seguir calándonos tanta piratería, tanta burla y tanta manipulación, exijamos atención y el retorno de verdaderos expertos (ni chinos ni cubanos, los tenemos venezolanos), para resolver la crisis que nos desborda, y al Ministro le recomendamos "no rece, renuncie" porque esto no lo aguantamos más.

Diputada Deyalitza Aray pide al Gobierno que resuelva problemas ambientales en Carabobo.

(Valencia, 30 de mayo. Noticias24 Carabobo) La diputada a la Asamblea Nacional por Proyecto Venezuela, Deyalitza Aray, solicitó a la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del parlamento una inspección urgente al vertedero La Guásima en el municipio Libertador del estado Carabobo, los embalses de agua para consumo humano y a las plantas potabilizadoras de agua en la región.

“La gravísima situación en la salud de los habitantes del municipio Libertador como consecuencia del colapso del vertedero La Guásima y la falta de calidad en el agua potable que estamos consumiendo todos los carabobeños y otros estados de la región central del país, nos obligan a exigir medidas urgentes que contribuyan a solventar esta situación”, destacó la parlamentaria de Prove.

Luego de una asamblea de ciudadanos con vecinos del municipio Libertador a la que también asistió el concejal Javier Díaz, Aray exigió a las autoridades nacionales que se aboquen a la resolución de esta problemática, porque “los carabobeños llevamos años sometidos a la indiferencia y mala gestión en la inversión de recursos destinados a garantizar calidad de vida a nuestros ciudadanos en el área ambiental y de salud”.

La diputada de la AN enfatizó que esta crisis es consecuencia de políticas erradas, desinversión, deterioro y corrupción que han desencadenado al mal funcionamiento de las plantas de tratamiento y de potabilización, sin que hasta ahora se obtengan resultados favorables que mejoren esta situación.

Aseguró que la salud de los vecinos del municipio Libertador se deteriora progresivamente, producto de la quema diaria de más de 3 mil 500 toneladas de basura en el vertedero La Guásima.

“La salud de los carabobeños está en alto riesgo como consecuencia de la poca calidad del agua que estamos consumiendo, ya no podemos seguir siendo víctimas de la improvisación, la piratería, la corrupción y la politización de estos gravísimos problemas, exigimos una respuesta satisfactoria”, concluyó la diputada de Prove, Deyalitza Aray.