Mi columna: Ivan.....

Deyalitza Aray

Si la muerte de nuestra queridísima y siempre recordada Mónica Spear le puso un rostro nacional y mundial a ese terrible flagelo de la inseguridad que azota nuestro país, llenando de dolor a miles y miles de familias venezolanas, y sirvió para encender la alarma de la indignación en cada venezolano cansado de tanta muerte y tanta impunidad, el solo nombre de Iván Simonovis nos conduce a la otra tragedia, la injusticia, y la cada vez más degradante violación de los derechos humanos, el debido proceso y el estado de derecho signados por la politización que hoy caracteriza al sistema jurídico venezolano.

Recordemos quién es Iván Simonovis y por qué se encuentra preso: fue Secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, especialista en Seguridad Corporativa; ingresó en 1980 al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, de donde se graduó como Investigador Criminal y egresó por renuncia en 2002, llegando a la jerarquía de Comisario-Jefe. En el año 2000, por instrucciones del entonces Ministro Luis Alfonso Dávila, fue enviado en Comisión de Servicios a la Alcaldía Mayor, ejerció el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana entre 2000 y 2002, cuando renuncia. En la actualidad se encuentra cumpliendo condena a raíz de los sucesos de Puente Llaguno, ocurridos en el centro de Caracas durante el 11 de abril de 2002, donde perdieron la vida 19 ciudadanos venezolanos, resultando detenidos ocho funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, los Comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas, Lázaro Forero y el entonces Secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas Iván Simonovis. Constituye un preso político del propio ex Presidente Hugo Chávez, privado arbitrariamente de su libertad desde el 22 de noviembre de 2004 y recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en condiciones infrahumanas hace ya 9 años y 6 meses, en una celda de 4 metros cuadrados del sótano, sin ventilación ni luz natural, a la cual solo tienen acceso 6 horas al mes. Esas instalaciones no son una cárcel y no están diseñadas para albergar durante tanto tiempo a una persona, razones de sobra para que se haya producido el franco deterioro de su salud, además de una severa restricción a su derecho de recibir visitas de familiares y amigos, violando así artículos de la Convención Interamericana de DD.HH. de San José de Costa Rica.

Su juicio oral y público fue radicado en la ciudad de Maracay, prolongándose por espacio de tres años y durante el cual se celebraron 231 audiencias, se verificaron 265 experticias, 72 pruebas documentales, se promovieron 196 testigos y 45 expertos, se exhibieron más de 5.700 fotos y vídeos para un total de 173 piezas del expediente, convirtiéndose así en el juicio oral y público más largo de la historia judicial venezolana, y posiblemente del mundo entero.

Todos los planteamientos jurídicos, defensas, excepciones y argumentos esgrimidos por los defensores a lo largo del proceso judicial y durante el desarrollo del juicio oral y público, han sido negados sistemáticamente por todos los tribunales de control y de juicio, Corte de Apelaciones y Tribunal Supremo de Justicia, mientras todas las peticiones y solicitudes que el Ministerio Público formuló, de cualquier índole y naturaleza, fueron mayoritariamente declaradas con lugar, admisibles o procedentes, lo que se traduce en un claro desequilibrio procesal y una evidente falta de imparcialidad; al punto de que en septiembre de 2012 se dio a conocer una declaración firmada y notariada en Costa Rica del ex magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Dr. Ramón Eladio Aponte Aponte, en la que se refiere a un recurso de casación introducido ante la Sala Penal del TSJ. En ella, Aponte señala que: "la orden que expresamente me dio el Presidente Chávez era 'salir de eso de inmediato sin más tardanza. Condénelos de una vez', así lo hice", confesión que ha sido desestimada por la justicia venezolana.

La condición médica de Simonovis ha sido evaluada reiteradamente en la búsqueda de la aplicación de una legítima medida humanitaria como la que le fue aplicada al ex Alcalde socialista y pesuvista de Valencia Edgardo Parra, medida que nunca llega a pesar de quedar médicamente comprobado su estado de severa enfermedad. La justicia ha negado en tres ocasiones esas medidas humanitarias a favor de Simonovis, lo que originó su decisión de declararse en huelga de hambre y que ayer decidió suspender.

Iván Simonovis, María Lourdes Afiuni, Leopoldo López, Scarano, Ceballos y otros venezolanos perseguidos por el régimen que actualmente gobierna en Venezuela, constituyen otras válidas, son razones para mantenernos exigiendo el cambio del modelo, del sistema que no solo nos intenta someter, sino que pretende que el destino de nuestras luchas sea llorarlas en nuestras tumbas como lo hacen hoy los familiares de Franklin Brito, de Génesis, de Geraldine y de otros tantos venezolanos que esperan justicia y eso, estimados lectores, no lo podemos permitir.