Proyecto Venezuela no va a legitimar la acentuada tendencia totalitaria del régimen.

Proyecto Venezuela no participará en escogencia de rectores del CNE y magistrados del TSJ.

Valencia, 06 de abril. Noticias24 Carabobo) El partido Proyecto Venezuela, a través de su vicepresidenta, Vestalia Sampedro, anunció este domingo en rueda de prensa su negativa de participar en el proceso de escogencia de los magistrados y rectores, así como del Contralor General de la República.

“Participar en dicho proceso, lejos de garantizar una corrección de rumbo, supone legitimar organismos que están nacional e internacionalmente cuestionados, llevándonos de paso a legitimar la acentuada tendencia totalitaria del régimen venezolano”, precisó Sampedro, quien estuvo acompañada de sus colegas de fracción, Carlos Eduardo Berrizbeitia, Deyalitza Aray y José Gregorio Hernández.

Entre las consideraciones expuestas por la vocera del partido del Sol, destaca la falta de autonomía y separación de los poderes públicos. “La base del funcionamiento del Estado Democrático está consagrada en nuestra Carta Magna, y la crisis política e institucional que actualmente vive el país, tiene su epicentro justamente en la falta de esa autonomía”.

“La ausencia de la separación de los Poderes Públicos se ha puesto en evidencia en numerosas ocasiones, y se expresó de bulto cuando el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que Nicolás Maduro, siendo vicepresidente ejecutivo, podía encargarse temporalmente de la Presidencia de la República y como tal, postularse como candidato presidencial. Lo correcto, es que debió ser el presidente de la Asamblea Nacional quien asumiera temporalmente la Presidencia de la República y convocara a elecciones”, dijo.

Sampedro recordó que la falta de autonomía de los poderes públicos se puso igualmente de manifiesto, cuando el Consejo Nacional Electoral se negó a implementar una metodología que permitiera la auditoría total de las mesas electorales, tal como en su momento lo había ofrecido, negándose a suministrar los cuadernos electorales que dejan constancia expresa de quienes en verdad votaron, hecho éste que devino en un serio cuestionamiento de la elección de Nicolás Maduro.

De la misma forma la ausencia de separación de los poderes se expresa en las sentencias recientes del TSJ, que sin cumplir con el debido proceso y el derecho a la defensa, sentenció a funcionarios electos por voluntad popular, hecho que –según considera-, “subraya la deriva de la nación hacia estadios de autoritarismo, inaceptables en un sistema democrático”.

En este sentido, la vocera de Proyecto Venezuela subrayó que “no se puede excluir el peso que nuestras conciencias ejerce la represión brutal con la que el Ejecutivo nacional, con la complicidad de los demás Poderes, ha venido atacando la protesta estudiantil, la cual se mantiene viva y tiende a crecer por la devastadora crisis económica generada por los desaciertos de la conducción política de la nación”.

Mi columna.

Una idiotez.

Luego de que en Venezuela se promulgara la ley para la elección directa de gobernadores y alcaldes y se asumiera el reto del verdadero empoderamiento popular al permitirse que los ciudadanos escogieran libremente a sus autoridades, emerge para el país un proceso cuya cuna sin ninguna discusión fue Carabobo y particularmente Puerto Cabello; me refiero a la descentralización, proceso que conllevó a la verdadera revolución ciudadana, al acercamiento del poder y el ejercicio del gobierno al pueblo, al permitir que estados y municipios fueran autónomos para la administración de sus recursos y demostraran que mientras más cerca del ciudadano estaba el gobierno, más eficiente era.

El puerto de Puerto Cabello, de ese pasado que la desidia, la burocracia y la incapacidad lo llevaron a ser un gran elefante blanco, con poca producción y nada de ganancias, dio un paso hacia el desarrollo gracias a la descentralización de sus actividades y la visión de un Gobierno que se empeñó en mejorarlo, que apostó con visión de futuro en su rescate y lo convirtió, pese a las críticas y a las contradicciones que se generan en todo proceso de cambio, en el puerto más importante del país y uno de los mejores del Caribe, con solo lo necesario para construir una infraestructura moderna, adaptada a la demanda del mercado y la consolidación de la actividad económica más importante de nuestro municipio y del estado y el interés de sus trabajadores, deseosos de mejorar sus condiciones de trabajo, más aun, su propia calidad de vida. Los recursos del puerto de Puerto Cabello sirvieron para la ejecución de obras como la recuperación del casco histórico de nuestra ciudad, la rehabilitación y construcción de escuelas, canchas, complejos deportivos; operativos de limpieza, cuadrillas de Operación Alegría y un sinnúmero de ayudas a asociaciones de vecinos, organizaciones civiles, culturales, que encontraban en el Ipapc siempre un punto de apoyo.

Desafortunadamente, en el año 2009 luego de un proceso de recentralización por parte del Gobierno Nacional que produjo para nuestro estado el mayor golpe a su autonomía al despojarlo y con ello a sus habitantes, de la administración del puerto, al mismo tiempo que se emprendería una de las denuncias más graves acontecidas en el área portuaria que fue el famoso caso Pdval y la desafortunada pero por demás cierta denuncia de corrupción y manejo en la entrega de los espacios y patios de nuestro principal terminal marítimo durante el gobierno revolucionario de Acosta Carlez conocido como el destructor de Carabobo y la cual duerme en brazos de Morfeo en la Contraloría General de la República, la Fiscalía, a pesar de haber sido anticipadas y alertadas por personas muy serias y solapadas a cualquier precio, por altos y bajos funcionarios bolivarianos que intentan desesperadamente detener la estrepitosa caída de una de las mayores mentiras de esta revolución.

Allí comenzó todo, y mantener el negocio es el verdadero trasfondo de lo que nos vendieron como reversión del puerto y su administración: entregaron todas las áreas de nuestro muelle, ciento treinta mil metros, que abarcan hasta las zonas de reserva que la misma ley prohíbe fueron entregadas, sacaron empresas, despidieron a trabajadores, se retardaron todas las operaciones, les entregaron las acciones a empresas cubanas y convirtieron en un verdadero desastre el manejo de nuestro Instituto de Puerto. ¿Qué se esconde de verdad detrás de todo esto?, un tremendo negocio que involucra altos funcionarios del Gobierno Nacional y del partido de Gobierno, acompañado de un silencio cómplice de autoridades como el alcalde de la ciudad, a quien no se le escucha la voz para este tipo de reclamos, para fortalecer las investigaciones y exigir como porteño la verdad. Las denuncias se mantienen, porque hoy cuando nuestro país atraviesa la crisis económica más severa de nuestra era, con una devaluación criminal y un desabastecimiento que pone en jaque la alimentación de los venezolanos, el negocio sigue allí y la pérdida con la consecuente destrucción de alimentos revienta en la cara de quienes pretenden a costa de lo que sea mantenerse en el poder.

Mientras eso ocurre, a un grupo de personas plenamente identificadas con el partido oficialista lo único que se les ocurrió fue solicitar la destrucción de un monumento que se hizo para recordar permanentemente el logro más importante de una ciudad como la nuestra, el monumento a la descentralización que se erige en nuestro Malecón para recibir cada barco que entra a nuestra ciudad portuaria y decirles que somos autónomos, pero lo peor es que pretender utilizarlo para hacer cabillas es una muestra no solo de idiotez, miseria y desprecio por lo obtenido, sino que además confirman la incapacidad para abastecer un mercado del cual también éramos líderes como la del hierro hoy consumida por la corrupción. Por más que lo intenten, jamás podrán destruir un legado que ya es parte de nuestro ser.