Los orígenes, alcance y efectos de la “supuesta guerra económica” que según el gobierno revolucionario y socialista de Venezuela han emprendido los medios de producción, y todos aquellos que no comulgan con el régimen, han permitido descubrir a los verdaderos responsables de la tal guerra, que no son sino los mismos altos jerarcas que diferentes sectores de la economía, voceros políticos e independientes, medios de comunicación y hasta recientemente disidentes del oficialismo (hoy traidores de la patria) hemos venido señalando y denunciando. En este espacio quiero que se paseen, amigos lectores, por esta suerte de recorrido económico que gentilmente pusieron a nuestra disposición expertos en la materia y háganse su propio juicio, para que juntos develemos esta lamentable realidad.
El mal gasto de la inmensa corriente de recursos monetarios que supera el de todos los gobiernos, y la disposición de nuestro petróleo y de sus productos para adquirir cuantiosas deudas por préstamos, acuerdos energéticos y compensación por pagos de servicios e intromisión en áreas estratégicas y sensibles del país por parte de Cuba, que menguan significativamente los ingresos netos de divisas de Pdvsa, es el propio gobierno que además lo maneja a su real y único antojo.
La asignación discrecional de las divisas a través de organismos oficiales como Cadivi y Cencoex, necesarias para la adquisición de productos, materias primas, insumos y servicios importados, también la efectúa el gobierno y ha sido causa de una gran acción de corrupción con el otorgamiento de más de 20.000 millones de dólares a empresarios de maletín, cuya lista prometida constituye secreto de estado, por las implicaciones políticas que suponen para el régimen; mientras tanto, las consecuencias que son muchas y negativas de la instalación del nuevo sistema cambiario y su injustificada demora, destrozan nuestra economía doméstica y han ocasionado la pérdida de la confianza construida durante años para el otorgamiento del necesario crédito comercial a Venezuela.
La decisión del gobierno de controlar el 90% del mercado del cemento, mediante la creación del Consorcio de las Empresas Cementeras del Estado, cuya desacertada decisión de conformar una Directiva con funcionarios políticos, con escaso conocimiento gerencial, ha provocado el desabastecimiento del rubro tan necesario para la vivienda y la actividad del sector de construcción del país. Otras de las acciones fracasadas han sido la expropiación y nacionalización de importantes empresas como las metalúrgicas, de fabricación de tubos de acero sin costura, de envases de vidrio, obligadas a disminuir sus jornadas y turnos, paralizar sus líneas de fabricación y hasta detener por completo la fábrica por falta de materia prima, de allí que por ejemplo no se están fabricando recipientes para alimentos y bebidas, no haya disponibilidad de frascos para la mayonesa o salsa de tomate, tampoco latas para refrescos o malta.
El estado también metió sus manos en el agro y expropió haciendas agrícolas, hatos ganaderos de ceba y engorde, lecheras, polleras, cochineras. Actividades diversas que decidió estatizar, sin tomar en cuenta que cuando no hay dolientes directos (propietarios) la actividad se hace ineficiente, prueba de ello es lo ocurrido con el Grupo Agroisleña, empresa con más de 52 años de fundada para almacenar las cosechas y el gobierno la transformó en Agropatria, hoy es una empresa quebrada y sin ninguna utilidad.
El Gobierno intervino los centrales azucareros como paso previo a su expropiación, igual Monaca y tomó el control de la “Planta Compresora de Gas PIGAP II”.
La falta de medicamentos y materiales en los hospitales y clínicas, que alcanzó 50% en marzo según cifras del Banco Central de Venezuela, ha puesto en jaque la salud de los venezolanos; hacen falta desde guantes hasta inyectadoras y válvulas mitrales; y por último, recurre ahora a otro trapo rojo, el supuesto combate contra el “contrabando de extracción”, mal endémico del país que se ha intensificado durante los últimos quince años, por la complicidad de las autoridades.
Es obvio que el régimen denuncia una aparente “guerra económica” para distraer la atención pública del agotamiento de los fondos que había venido disponiendo a su libre albedrío, sin control ni vigilancia alguna de parte de los organismos de los Poderes Públicos. Quedan aquí evidenciados, pues, la falsedad y los verdaderos causantes de nuestra crisis, de quien es el que decreta la guerra y no es otro sino el régimen imperante y su desacierto en intentar implantar, a troche y moche, un sistema que comienza a ser rechazado por el pueblo que observa cómo se ha demolido la industria, ha provocado un desempleo galopante, ha permitido los elevados niveles de desabastecimiento y la imposibilidad de contar con suministros apropiados de alimentos y medicina, una inflación que nos desangra, y pretende tratarnos como si los venezolanos fuésemos pendejos.
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