No todas las familias que viven cerca del Hipódromo, al sur de Valencia, son invasoras, como por ejemplo las del sector Araguaney. Estas personas quieren permanecer en sus viviendas autoconstruidas y no ser trasladadas a Ciudad Chávez pues nada les garantiza la propiedad de ese inmueble. Tampoco tienen certeza de que no serán desalojados.
El Órgano Superior de la Vivienda les entregó un certificado provisional de ocupación de vivienda en Ciudad Chávez, condicionada su disposición a la posterior protocolización, según reza el documento que específica que quedará sin efecto en caso de que el beneficiario se imposibilite o no desee cumplir con la obligación por lo que se procederá de manera inmediata a la revocatoria del beneficio.
Con este documento el miedo envuelve a las familias. No saben qué pasará con sus casas levantadas hace más de siete años cuando recibieron en 2007 por parte del expresidente del Instituto Nacional de Tierras, Juan Carlos Loyo, un documento que les permitía habitar el espacio a través de una declaratoria de garantía de permanencia. Se quejaron de que la gobernación ha hecho caso omiso de la explicación, y que solo les piden que abandonen sus casas de bloque para que habiten Ciudad Chávez, en un inmueble de dos habitaciones.
Roberto García, cabeza de familia, con lágrimas aseguró que el miedo que sienten no solo es por ver sus casas en el piso, construidas sin ayuda gubernamental y apoyadas por el exalcalde Edgardo Parra con el compromiso de no hacer ranchos, sino de no tener certeza de lo que va a pasar. Las máquinas poco a poco han derrumbados los ranchos de los otros sectores y la amenaza es hacer lo mismo con la de él. “Parra vino un 1º de mayo y dijo que si no hacíamos ranchos luego nos daría la titularidad. Hemos dejado a los niños sin regalo y nosotros dejado de comer por hacer buenas casas”.
El vocero aseguró que en el sitio donde están las casas se pretende construir un centro comercial según han escuchado, pero para él no tiene sentido llevarlos a Ciudad Chávez en vez de ejecutar la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. “Queremos que se presente el gobernador. Nos están mandando a desalojar, porque si no nos van a pasar las máquinas”.
Daniel Márquez, vecino, recalcó que su casa era propiedad privada y que no merecía una reubicación incompleta, pues el no sabía si luego de un tiempo en el apartamento lo enviarían a otro lugar.
Aray Espera Respuesta
La diputada a la Asamblea Nacional por Proyecto Venezuela, Deyalitza Aray, acudió este miércoles a la comunidad y escuchó las quejas. Reclamó al Gobierno respuestas y actuar de manera coherente, pues un certificado de ocupación provisional es sinónimo de incertidumbre. Afianzó que no están de acuerdo con las invasiones, pero que con los documentos entregados por Loyo a las familias y el tiempo que llevan en los terrenos es más que suficiente para tomar en cuenta las opiniones de los afectados, en vez de ser arbitrarios y obligarlos a salir. “Son más de 400 familias que se ven sometidas a este desa-lojo que los preocupa”.
Aray insistió en que hay que llamar al respeto de los derechos sociales, pues las cosas no se hacen con amenazas y menos en una comunidad con más de 10 años, lo que la convierte en establecida. “La única garantía es que no tienen adjudicación y no reciben titularidad y en cualquier momento pudieran salir”.
Petrocasas Serán Derrumbadas
En la comunidad el Gobierno levantó seis petrocasas, lo que significa que son terrenos legales. Según García el costo de la construcción fue de 750 millones de bolívares y que para demolerlas supuestamente les están borrando la firma que tenían pintadas del fallecido presidente Hugo Chávez.
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