El diputado Carlos Ramos, integrante de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, denunció que la reforma a la Ley contra la Corrupción no llegó a ser discutida en plenaria, sino que fue enviada de manera expresa a la Procuraduría “para evitar así su discusión y promulgación”.
Ramos explicó que si este texto –que comprende 125 artículos, redactados en el seno de la comisión– es aprobado, tal como lo establece la ley, las cooperativas y el Fonden tendrían que responder por los recursos otorgados para la ejecución de obras que no han sido concluidas e inclusive, los ministros estarían obligados a rendir cuentas de forma periódica de sus ingresos e intereses para evitar los enriquecimientos que no corresponden con los salarios devengados, indicó una nota de prensa.
“El fonden desde 2008 no entrega informe de gestión, y según esta ley debe explicarnos que ha hecho con los 93 millardos de dólares que ha manejado desde el principio de este año. Además debe decirnos dónde están los 13 millardos de dólares que fueron destinados a nueve proyectos que aun no han sido ejecutados”, denunció Ramos.
Agregó que en este texto se promueve la protección al denunciante, y se le solicita a los medios de comunicación apoyo en las labores de fiscalización que harán los organismos pertinentes.
La diputada Deyalitza Aray manifestó que son los representantes gubernamentales los menos interesados en que esta ley se apruebe, pues tendrían que afrontar la responsabilidad en casos como el de la cementera Cerro Azul y Pdval.
“Queremos celeridad en temas como el de la cementera Cerro Azul, que se está haciendo con apoyo del acuerdo Venezuela-Irán y que debería estar ya operativa, luego de que se le otorgara más de 290 millones de dólares. No conformes, solicitan un crédito adicional en la AN de 196 millones de dólares para su funcionamiento pese a que ahí no se produce ni un saco de cemento”, denunció Aray.
En la sesión de cuentas parlamentarias, los diputados concluyeron exigiendo celeridad en las investigaciones de casos de corrupción en las que están envueltos funcionarios de Gobierno.
Diputada Deyalitza Aray. El Proyecto es Venezuela
sábado, 16 de junio de 2012
14 junio 2012
"Es ilegal que no se discuta Ley Contra la Corrupción"
El diputado Carlos Ramos, integrante de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, denunció que la reforma a la Ley contra la Corrupción no llegó a ser discutida en plenaria, sino que fue enviada de manera expresa a la Procuraduría “para evitar así su discusión y promulgación”.
Ramos explicó que si este texto –que comprende 125 artículos, redactados en el seno de la comisión– es aprobado, tal como lo establece la ley, las cooperativas y el Fonden tendrían que responder por los recursos otorgados para la ejecución de obras que no han sido concluidas e inclusive, los ministros estarían obligados a rendir cuentas de forma periódica de sus ingresos e intereses para evitar los enriquecimientos que no corresponden con los salarios devengados, indicó una nota de prensa.
“El fonden desde 2008 no entrega informe de gestión, y según esta ley debe explicarnos que ha hecho con los 93 millardos de dólares que ha manejado desde el principio de este año. Además debe decirnos dónde están los 13 millardos de dólares que fueron destinados a nueve proyectos que aun no han sido ejecutados”, denunció Ramos.
Agregó que en este texto se promueve la protección al denunciante, y se le solicita a los medios de comunicación apoyo en las labores de fiscalización que harán los organismos pertinentes.
La diputada Deyalitza Aray manifestó que son los representantes gubernamentales los menos interesados en que esta ley se apruebe, pues tendrían que afrontar la responsabilidad en casos como el de la cementera Cerro Azul y Pdval.
“Queremos celeridad en temas como el de la cementera Cerro Azul, que se está haciendo con apoyo del acuerdo Venezuela-Irán y que debería estar ya operativa, luego de que se le otorgara más de 290 millones de dólares. No conformes, solicitan un crédito adicional en la AN de 196 millones de dólares para su funcionamiento pese a que ahí no se produce ni un saco de cemento”, denunció Aray.
En la sesión de cuentas parlamentarias, los diputados concluyeron exigiendo celeridad en las investigaciones de casos de corrupción en las que están envueltos funcionarios de Gobierno.
El diputado Carlos Ramos, integrante de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, denunció que la reforma a la Ley contra la Corrupción no llegó a ser discutida en plenaria, sino que fue enviada de manera expresa a la Procuraduría “para evitar así su discusión y promulgación”.
Ramos explicó que si este texto –que comprende 125 artículos, redactados en el seno de la comisión– es aprobado, tal como lo establece la ley, las cooperativas y el Fonden tendrían que responder por los recursos otorgados para la ejecución de obras que no han sido concluidas e inclusive, los ministros estarían obligados a rendir cuentas de forma periódica de sus ingresos e intereses para evitar los enriquecimientos que no corresponden con los salarios devengados, indicó una nota de prensa.
“El fonden desde 2008 no entrega informe de gestión, y según esta ley debe explicarnos que ha hecho con los 93 millardos de dólares que ha manejado desde el principio de este año. Además debe decirnos dónde están los 13 millardos de dólares que fueron destinados a nueve proyectos que aun no han sido ejecutados”, denunció Ramos.
Agregó que en este texto se promueve la protección al denunciante, y se le solicita a los medios de comunicación apoyo en las labores de fiscalización que harán los organismos pertinentes.
La diputada Deyalitza Aray manifestó que son los representantes gubernamentales los menos interesados en que esta ley se apruebe, pues tendrían que afrontar la responsabilidad en casos como el de la cementera Cerro Azul y Pdval.
“Queremos celeridad en temas como el de la cementera Cerro Azul, que se está haciendo con apoyo del acuerdo Venezuela-Irán y que debería estar ya operativa, luego de que se le otorgara más de 290 millones de dólares. No conformes, solicitan un crédito adicional en la AN de 196 millones de dólares para su funcionamiento pese a que ahí no se produce ni un saco de cemento”, denunció Aray.
En la sesión de cuentas parlamentarias, los diputados concluyeron exigiendo celeridad en las investigaciones de casos de corrupción en las que están envueltos funcionarios de Gobierno.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario